la perversión del Derecho

Hay un antiguo dicho inglés que reza "the law is a whore and a rich man's plaything". En este caso, no ha resultado ser el juguete de ricos, sino de un resabiado. Este viernes se publicaba en el BOE el Decreto-ley que regulaba las nuevas condiciones laborales de los controladores aéreos, en tanto éstos no se avengan a llegar a un acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo.
Bien, parto -y en esto no yerro- de que la gente que me lee sabe pensar por sí. Prescindamos, pues, de que nos encontramos con una corporación de niños pijos, y examinemos lo que el gobierno ha hecho, que es, ni más ni menos, que imponer, mediante Decreto-Ley, unas condiciones laborales no pactadas, incluyendo expresamente en dicha disposición todo tipo de medidas para castigar cualquier reacción de los controladores.
El Decreto-Ley no es cualquier norma dictada por el ejecutivo, no es un Reglamento cualquiera: es una norma con fuerza de ley, mediante la que el ejecutivo se arroga la potestad legislativa para hacer frente a una situación actual -y no una mera expectativa- de "extraordinaria y urgente necesidad", como reza el art. 86.1 de nuestra Constitución. La garantía de la separación de los tres poderes estatales, ejecutivo, legislativo y judicial, es la garantía de subsistencia de toda democracia, en que es el pueblo, a través de sus representantes, el soberano de la vida política, siendo la máxima expresión de la soberanía popular la potestad de dictar leyes, depositada en las Cortes Generales. Y dicha potestad sólo puede, solo debe, ceder en aquellos supuestos en que se de tan excepcional y urgente necesidad que al gobierno no le quede más remedio que adoptar medidas urgentes para hacer frente a situaciones catastróficas mediante la figura del Deecreto-ley, que, empero, obligatoriamente tiene que ser "inmediatamente" sometido al Congreso para que éste, siempre en el plazo máximo de 30 días, convalide dihas medidas o, por contra, las derogue. Porque estamos hablando de un instrumento en que el gobierno invade la competencia esencial del legislativo.
El viernes, mediante Decreto-ley, se adoptaron medidas de presión para imponer a un colectivo -me da lo mismo en este momento cuál- unas determinadas condiciones laborales. En otras palabras, se ha consagrado la posibilidad de que el ejecutivo, sea del partido que sea, se pase por el forro toda la legislación laboral y el propio concepto de negociación colectiva. Y como se trata de los pijos de los controladores, que ganan un pastizal, el Congreso convalidará el Decreto-ley, pues el partido de la oposición no se va a oponer, valga la redundancia, por miedo a ser tachados de protegepijos, máxime en una coyuntura económica como la actual.
Yo no me meto en política: de hecho, el noventa y nueve por ciento de los políticos actuales me la refanfinflan por su incompetencia, falta de ética y cortoplacismo, tanto de un lado como de otro. Pero no puedo dejar pasar por alto una medida como la que leí el viernes. Recurriendo a la mezquindad, la envidia y el resabio tan propios de esta piel de toro se va a consagrar una medida despótica que habría que estirpar de plano, pues hoy se está tirando de un colectivo mimado que cae poco bien, pero mañana se usará con otro, pasado mañana con otro, y al otro con otro... y así, sin duda alguna, acabará pudiéndose usar con cualquiera de nosotros. Un oscuro aplauso, preñado de triste admiración, a una medida diabólicamente pensada, con la mezquindad, previsión y poder amputatorio dignos solo de su creador último.

Señores que nos gobernaron, nos gobiernan y nos gobernarán: hay que respetar mucho más el Derecho, y no utilizarlo a nuestro antojo, para nuestros fines, prescindiendo del verdadero espíritu de las leyes, ese que cierto gabacho quiso dejar claro para siempre en un libro básico para toda la civilización occidental salvo, como siempre, para nosotros. Pero Montesquieu murió hace mucho, y de qué van a venir a darnos lecciones a nosotros...